Martes, 26 de Septiembre de 2017, 06:04 AM
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Asamblea Legislativa aprueba el Sistema Anticorrupción de la Ciudad 

La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó el paquete legislativo del Sistema Local Anticorrupción(SLA) . 

Durante la sesión que se prolongó por más de 10 horas, se aprobaron 11 reformas con seis nuevas leyes y se actualizaron cinco más.

Entre los puntos esenciales están:
– La ALDF tendrá la facultad de nombrar a todos los funcionarios del Sistema local Anticorrupción a propuesta del jefe de Gobierno.

– El fiscal anticorrupción será nombrado por mayoría simple y en menos de 10 días posteriores a la promulgación de este Sistema; asumirá el cargo por siete años con la posibilidad de que sea ratificado por un periodo de siete más por una sola ocasión.

– La Fiscalía conocerá de los hechos de corrupción, la cual formará parte del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.

– El nombramiento del secretario de la Contraloría ocurrirá por la votación de las dos terceras partes del pleno de la ALDF, a propuesta del jefe de gobierno capitalino; durará en su encargo siete años, también con la posibilidad de repetir.

– Se crea una nueva figura de Comisariado Público: vigilará que la aplicación de los recursos públicos sea acorde con los programas institucionales y los programas sectoriales que le correspondan.

– Conforman la primera Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; permitirá establecer los principios y las obligaciones que rigen la actuación de servidores públicos locales.

El presidente de la Comisión de Transparencia de la ALDF, Ernesto Sánchez, expresó en tribuna que el Sistema local Anticorrupción tiene dos ejes que son la transparencia y la fiscalización.

En el caso de las modificaciones al Código Penal, se crea el título de Hechos de Corrupción Contra el Servicio Público Cometidos por Servidores Públicos y prevé hasta 20 años de sanción si el daño que cometa el funcionario excede las 200 unidades de cuenta. También se castigara el ejercicio ilegal y el abandono del servicio público, hasta con siete años de prisión.

Foto : Proceso
 

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