Domingo, 20 de Agosto de 2017, 06:47 AM
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A quien corresponda

Foto: Especial

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Alguien tendría que ser capaz de contestar todas las dudas que a miles de mexicanos nos surgen al escuchar las acciones de gobierno y las diferentes noticias a las que nos enfrentamos, preguntas que los medios tradicionales de manera cobarde o por así convenir a los intereses de los concesionarios y de sus lectores de noticias jamás osarían hacer.

Son preguntas que tienen que ver con la forma en que se dirige el país y el rumbo al que nos encamina un gobierno que al pronunciar la palabra transparencia lo que realmente quiere decir es opacidad e impunidad. Preguntas que si la autoridad correspondiente se dignara a contestar podrían influir en nuestra manera de votar. De hecho el que no lo hagan, el que con su silencio se vuelvan cómplices de la desinformación en la que vivimos también habrá de influir en la manera de votar de millones de mexicanos insatisfechos y hartos de su arrogancia y soberbia.

Aquí unas cuantas de esas dudas.

De acuerdo con lo transmitido en los medios informativos la semana pasada los jornaleros de San Quintín, en Baja California lograron un acuerdo consistente en 13 puntos con los gobiernos estatal y federal. Entre ellos el  más llamativo se refiere a la demanda en el aumento de los sueldos.

El representante de la Secretaria de Gobernación acordó en nombre del gobierno fungir como intermediario, junto con el representante del gobierno estatal para que los patrones agrícolas suban el sueldo de los trabajadores a los $200.00 por jornada laboral demandados, de no poder alcanzar este tope, el representante del gobierno federal ofreció, llevar el caso a la cámara de senadores y que el gobierno ponga la diferencia para lograr esa cantidad. Alguien no debería en este caso explicar ¿por qué el gobierno federal se compromete a hacer uso del dinero del erario en beneficio de un puñado de empresarios explotadores? Cuando estos deberían estar bajo la mirada de diferentes autoridades empezando por la Procuraduría General de República por tener menores trabajando, bajo la mirada del Instituto Mexicano del Seguro Social  y de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, por la falta de prestaciones y condiciones de esclavitud en las que tienen a los trabajadores.

La lucha de estos trabajadores, es encomiable y es una causa que todos debemos abrazar, pero que pasa con todos los demás trabajadores que viven también en condiciones de salario mínimo y explotación laboral acaso no merecen también ganar 200.00 por su jornada laboral. El tema del salario mínimo en México tiene que ser retomado y acabar con las falsas disculpas del gobierno y ciertos explotadores disfrazados de líderes empresariales. Sí México crece y exporta productos, los trabajadores deben ser remunerados de manera que les permita vivir mejor y no peor como pretende funcionarios y el presidente. Como vamos a vivir mejor si el salario mínimo se ha depreciado en los tres años de la administración de Peña Nieto. La reciente homologación de zonas no es realmente una solución si el clásico mover algo cuando en realidad no pasó nada.

Otra serie de preguntas surgen en el caso de OHL y el Estado de México. A pesar de que el Gobernador Eruviel Ávila aceptó ya la renuncia del secretario de comunicaciones de su gobierno Apolinar Mena, al cual además se le impuso una multa de ciento ochenta y nueve mil pesos, que para este personaje representa una semana en La Riviera Maya. Ahora nos falta saber ¿Cómo se piensa sancionar a la empresa española OHL y al directivo que sobornó al funcionario mexiquense? Las acciones propuestas por el directivo de la empresa española van más allá del soborno y se encuentran en el terreno criminal del fraude en contra de los mexiquenses. ¿Acaso no valdría aquí el vetar a dicha empresa de hacer negocios en el país, de la misma forma que se debería hacer con otras empresas envueltas en este tipo de escándalos como Walmart? ¿Acaso en México no existen excelentes constructoras de las que nunca hemos sabido estén envueltas en este tipo de chanchullos?

Otra situación en la que son más las preguntas que las respuestas, surge al analizar las alianzas  electorales. El PRI por ejemplo se ha unido al Partido Verde. El INE ha decidido multar al Partido Verde por violar de manera sistemática las leyes electorales de nuestro país y ante todo La Constitución. Existen un gran número de demandas ciudadanas acerca de cómo este partido utiliza el padrón electoral y más de ciento cuarenta mil firmas ciudadanas exigiendo que se anule su registro una vez que sus dirigentes y miembros han demostrado un desprecio total a las instituciones, al árbitro electoral y a la ciudadanía. ¿Por qué el PRI ha decidido mantener su alianza con este grupo político? ¿Avala acaso el PRI la conducta ilegal del Verde? ¿Consideran los líderes priístas al igual que los del partido verde que la ciudadanía carece de importancia? ¿Aprueba el partido en el gobierno la descalificación de los dictámenes de organismos que el mismo PRI creó como el INE? Si las respuestas fueran afirmativas no me extrañaría pues es un partido que cobija y defiende a pederastas y tratantes de personas, como Mario Marín y Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

Tras cada nota leída en los medios de comunicación tradicionales, nacen un sinnúmero de preguntas. Por cada declaración de funcionarios, quedan una gran cantidad de vacíos informativos. En las próximas elecciones nos jugamos que la corrupción continúe siendo un factor cultural y el mejor pretexto para que el país se mantenga sin rumbo.

 

Armando Enríquez Vázquez

Productor de televisión y escritor

@cernicalo

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