Martes, 16 de Octubre de 2018, 12:20 AM
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Corrupción, orgullo del gobierno mexicano

Foto: Especial

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El Instituto Nacional de Medicina Genómica  es uno de esos organismos importantes en materia de salud, capaz de detectar y prevenir graves enfermedades como la leucemia, el cáncer y la epilepsia, pero que por su trabajo científico está alejado del radar de la observación pública y, por tanto, de la rendición de cuentas.

En este tipo de instituciones, el presupuesto público no siempre es manejado con honestidad ni en los mejores términos para el estado. Tal es el caso de la construcción de la sede del Inmegen, en donde se pagaron sobreprecios millonarios que generaron cuantiosos daños al erario, sin que hubiera culpables, de acuerdo con el amplio expediente que señala la columna “oficio de papel” de Miguel Badillo.

Así, como este ejemplo, me podría pasar todo el día mencionando diversos hechos de corrupción que nos carcomen en el día a día y que navegan en el mar de impunidad que representa el estado de derecho de este país.

La corrupción es un lastre por los enormes costos económicos, políticos y sociales que ocasiona en México. Por ejemplo,  la corrupción en nuestro país representa el 9%  del producto interno bruto según lo señala el Banco Mundial y sólo 27% de la población mexicana se encuentra satisfecho con la democracia según, Latinobarómetro 2013.

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, entre 2008 y 2014 México cayó 31 posiciones.

De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2013 de Transparencia Internacional, el 88% de los mexicanos pensamos que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente, y la mitad de la población considera que la corrupción ha aumentado mucho en los últimos dos años.

Pero la pregunta es ¿porque el funcionario justifica su ilegal proceder cuando ocupa un puesto público? Y ¿Porque hasta se enorgullece y no se avergüenza de este ilícito?

El Ministro de la Suprema Corte de Justicia Jose Ramon Cossío explica la figura del patrimonialismo que explica este insultante ejercicio.

El patrimonialismo lo define, el Ministro Cossío,  como la condición del ejercicio del poder que le hace suponer a su detentador la propiedad de los bienes, servicios y personas asignadas a su cargo. Ello tiene que ver con regímenes monárquicos absolutos o despóticos. Por derecho divino o por mero acto de fuerza, el soberano o el autócrata imponían su voluntad a personas y cosas pues, se consideraba que le eran propias. Al limitarse las monarquías bajo el marco constitucional, se ha supuesto que la condición patrimonial del ejercicio del poder reside sólo en los déspotas, revestidos o no de visos democráticos. El patrimonialismo, explica Cossío,  sigue siendo un concepto central para explicar algunos de los peores fenómenos de corrupción de nuestro tiempo.

El Ministro Cossío considera que es muy común ver al político o funcionario como toma posesión  de los bienes, los servicios o las personas que tiene encomendados, y los hacen suyos. Por esta razón puede disponer de ellos, apropiárselos o intercambiarlos a fin de recibir sus beneficios directos o sustitutos. Quien de modo grosero toma algo del patrimonio público, lo hace suponiendo que tiene algún derecho sobre él; quien aprovecha un bien público en beneficio propio, lo hace amparado en la misma creencia; quien recibe un porcentaje económico por ajustar una licitación, cree proceder bajo los mismos parámetros. Y es lógico considerar que toda esta adjudicación es producto del cargo mismo, explica Cossío. Esto comprende elementos instrumentales como los automóviles o la papelería, y elementos sustantivos como el presupuesto, las concesiones o las subastas.

En la cultura del patrimonialismo, el político o el funcionario terminan considerando no sólo que es correcto hacer lo que hacen sino, más aún, que es necesario dicho proceder.

La suposición de propiedad de lo público está tan presente en nuestro régimen democrático, como lo estuvo o lo está en los despóticos. Quien ocupa una posición por causa de las urnas, los concursos o las designaciones, meritorias o no, puede suponer que tiene tanto derecho a la apropiación o al beneficio, como lo tuvo un señor feudal en épocas de la edad media.

Seguimos viendo al funcionario público que hace caravanas con sombrero ajeno y simula ante su familia que puede llevarlos de vacaciones a destinos de ensueño y disimular que son cubiertos con sus propios ingresos. De manera siniestra piden, y todo se les otorga.  Ya no les causa vergüenza que su nombre salga en la prensa, redes sociales o en YouTube. No se contempla la renuncia, ni se pide licencia para ser investigado, ya que se cuenta con el refugio de la lacerante impunidad y el incondicional olvido del pueblo mexicano.

Bien lo dice el Ministro Jose Ramon Cossío, el problema es básicamente cultural. Es así como se entiende el ejercicio del poder en México y que mejor muestra que la realidad que desangra a nuestra nación todos los días.

¡Despierta México!

Dr. Arturo David Argente Villarreal.

Director del Departamento de Derecho

Tec de Monterrey, Campus Toluca.

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