Martes, 22 de Agosto de 2017, 09:49 AM
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La crueldad del sistema carcelario en México

Foto: Especial

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La reinserción social de los internos en México es una simple utopía, pero vale la pena recordar que tiene su fundamento legal en el artículo 18 constitucional. Las condiciones en las cárceles mexicanas no han cambiado mucho de aquellas que existían en la colonia española. Las prisiones siguen cumpliendo con su función histórica de prisión y de castigo dejando sin validez el principio constitucional de presunción de inocencia.

En México hay más de 430 cárceles a lo largo y ancho del territorio nacional. Las hay federales, estatales y municipales. Algunas albergan unos pocos reos y otras rebasan la cifra de los 10 mil internos,  siendo el caso de varios centros del Distrito Federal.

Las penitenciarías en México son el cruel reflejo de la desigualdad social que prevalece en el país. No olvidemos que actualmente uno de cada dos mexicanos es pobre, según informes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Cada persona presa nos cuesta en promedio a los contribuyentes 160 pesos diarios. Con nuestra aportación hemos creado submundos donde más de 250,000 seres humanos sufren condiciones de hacinamiento,  prostitución obligada, violencia,  consumo de drogas y la más extrema vulnerabilidad a los derechos esenciales que cualquier ser humano debe de tener.

En varios informes presentados por  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012 (DNSP) se refleja la ausencia de control de las autoridades carcelarias en al menos el 30% de las cárceles en México y se rigen bajo el llamado “autogobierno” de los internos, lo cual en términos prácticos significa que son los propios presos los que mandan.  Este informe señala que las mujeres privadas de la libertad en el país denunciaron, a través de encuestas anónimas, maltrato físico y psicológico, amenazas y golpes, así como humillaciones y tratos discriminatorios aplicados por parte del personal directivo y de custodia. Se sigue permitiendo a los reos que cada noche puedan matar a sus rivales o ver a sus parejas sentimentales sin restricción alguna. A nivel nacional, el DNSP 2012 documenta que, con relación al 2011, empeoraron las condiciones de gobernabilidad así como aquellas relacionadas a garantizar la integridad física y moral de los internos y su estancia digna.

En las cárceles de más de 20 entidades federativas no hay una efectiva clasificación de los reos. Más del 40% de la población penitenciaria,  se encuentran en espera de que se les dicte sentencia y mientras tanto siguen conviviendo con reos que han violado a sus hijas, asesinado a veinte personas o simplemente robado un celular. No hay palabras que puedan describir el calvario que enfrentan estas personas.

Es necesario regular el sistema penitenciario para desterrar estos vicios. Es urgente mejorar la estructura de las cárceles en sus tres niveles federal, estatal y municipal; Conocer con exactitud cuántos presos existen en el país y cuál es su situación legal; Fomentar acciones para liberar a presuntos inocentes; Crear una  academia para profesionalizar al personal administrativo, técnico y de custodia; Establecer controles de confianza a los funcionarios públicos que formen parte de este sistema y monitorear de forma constante su comportamiento ético y moral; Reforzar el tema de los derechos humanos dentro de cada cárcel; Certificar el sistema carcelario por organismos internacionales; Involucrar a cárceles estatales y municipales a esta transformación; Llevar a cabo una profundo análisis de la legislación penal para eliminar la sanción carcelaria para algunos delitos; Desarrollar normativa y organizacionalmente las sanciones no privativas de libertad;  Fortalecer la figura de la prisión preventiva; Y mejorar e institucionalizar los programas y las técnicas de reinserción. Por ejemplo, el gobierno del estado de Puebla presentó el 4 de diciembre una iniciativa de ley para sustituir la pena de prisión en casos de infractores que cometen un delito por primera vez y que éste no sea violento ni grave, facilitar la reinserción social y racionalizar el tamaño de la población penitenciaria. Esta iniciativa contempla la aplicación de sanciones alternativas, como el trabajo a favor de la comunidad, la educación o la capacitación para los internos, así como el tratamiento de sus adicciones. El estado de Nuevo León también ha creado diferentes opciones de reinserción para enfrentar esta crisis.

En el contexto de la discusión de un Código de Procedimientos Penales Único, es relevante buscar el respeto de los derechos humanos en los procesos judiciales del país, así como privilegiar la justicia restaurativa por encima de la punitiva. Si seguimos pensando que la solución al problema de la inseguridad es la de aumentar las penas y considerar la pena de muerte, sólo se agravaría la inseguridad en el país y las condiciones infrahumanas en los centro penitenciarios en México.

Para concluir, la incompetencia de la presente administración se vio reflejada con la fuga de El Chapo Guzmán del Centro de Máxima Seguridad de Almoloya y pone en evidencia no solamente la enorme corrupción y la alta vulnerabilidad de nuestras autoridades, sino también el estado de descomposición del sistema penitenciario en su conjunto. Dejemos de ver el túnel que nos recordó la constante indignación que tanto nos lástima a los mexicanos y revisemos a fondo un modelo carcelario que está profundamente quebrado. Veamos el entorno en su totalidad y no sólo el hoyo. ¡Despierta México!

Dr. Arturo David Argente Villarreal.

Director del Departamento de Derecho

Tec de Monterrey, Campus Toluca.

argente@itesm.mx

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