Miercoles, 17 de Julio de 2019, 07:47 PM
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La DEA investiga a Alonso Ancira Elizondo por lavado de dinero.

Se ha revelado que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), se encuentra investigando a Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, por presunto lavado de dinero.

 

Esto luego de que fuera la razón, por la que el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López rechazó levantar el bloqueo que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, de las cuentas bancarias del empresario y las cuales permanecerán bajo custodia del Gobierno de España.

 

“Lo anterior se considera así, toda vez que mediante oficios con registros 15289 y 15399, el titular y el director general de Procesos ambos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exhibieron el oficio MX-19- 0225 firmado por el Director Regional Adjunto de la United States Drug Enforcement Administration, en el que se informó que diversas personas estaban siendo investigadas por posibles actividades relacionadas con el lavado de dinero, dentro de las cuales destaca el quejoso físico”, señala la resolución.

 

Dicho oficio fue enviado por la DEA el pasado 30 de abril en la cual la investigación también está encaminada en contra el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.

 

Por lo que el juez explicó que el marco jurídico de la unidad de la SHCP, tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tiene como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

“En ese contexto, de concederse la medida cautelar solicitada se contravendrían disposiciones de orden público, pues se daría mayor peso al interés particular sobre el general, lo que en la especie no es factible, dado que al permitir a la parte quejosa la inobservancia de la determinación asumida por la Unidad de Inteligencia Financiera, se atentaría contra la seguridad nacional, al obstaculizar la obtención por parte de la autoridad investigadora, de información que pudiera estar relacionada con actividades relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo cual evidentemente afecta al orden público e interés social, pues con dichas disposiciones se persigue prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, máxime que el acto reclamado deriva de una solicitud de carácter internacional”, apuntó.

 

Foto Cuarto Oscuro

 

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