En México, el Reparto de Utilidades, conocido como PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades), es un derecho constitucional que garantiza a los empleados recibir una porción de las ganancias generadas por su empresa o patrón. Este beneficio reconoce su contribución a la productividad y al éxito financiero de la compañía.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha estipulado que el monto a distribuir corresponde al 10% de la renta gravable de la empresa. La forma en que esta cantidad se divide entre los trabajadores es un proceso de dos fases. Primero, una mitad del total se reparte de manera equitativa entre todos los empleados, basándose únicamente en los días que cada uno trabajó durante el año, sin importar el nivel de su salario. La segunda mitad se distribuye de forma proporcional, tomando ahora sí como base el monto de los salarios que cada trabajador percibió a lo largo del año.
Los plazos para recibir este pago están claramente definidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). Para quienes laboran en una persona moral (una empresa), la fecha límite es el 30 de mayo. En cambio, si el empleador es una persona física (un patrón), el pago deberá realizarse a más tardar el 29 de junio.
Gracias a las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo, se proyecta que el pago promedio de la PTU alcance los 57 días de salario, lo que equivale a unos 18,557 pesos. Esta cifra representa un incremento de más de dos veces y media en comparación con lo que se recibía anteriormente. Es importante aclarar que estos cambios no alteraron el mecanismo de cálculo ni las fórmulas establecidas en la Constitución, manteniendo vigentes las normativas de los artículos 125, 126 y 127 de la ley.
No todos los trabajadores tienen derecho a este beneficio. Quedan excluidos del reparto de utilidades los trabajadores domésticos, así como directores, administradores y gerentes generales. Tampoco aplica para profesionistas, artesanos, técnicos y otros prestadores de servicios por honorarios que no tienen una relación de trabajo subordinado. Además, las empresas de nueva creación están exentas de realizar este reparto durante su primer año de operación.
El Debate Salarial en EE.UU. que Afecta a los Jornaleros
Mientras en México se consolidan derechos como la PTU, en Estados Unidos se vive un intenso debate sobre la reforma del sistema que fija los salarios mínimos para los trabajadores agrícolas bajo el programa de visas H-2A, una fuerza laboral compuesta en gran parte por mexicanos. La administración Trump ya había intentado modificar este sistema y ahora resurge la discusión sobre cómo establecer las tasas salariales, conocidas como AEWR (tasa salarial de efecto adverso).
Un movimiento clave en este debate fue el anuncio del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) de suspender su Encuesta de Mano de Obra Agrícola (FLS, por sus siglas en inglés), que históricamente ha sido la base utilizada por el Departamento de Trabajo para fijar los salarios en cada estado. Esta decisión se produce en un momento de gran incertidumbre sobre la situación de los trabajadores sin estatus migratorio regular en el país.
La controversia se intensificó cuando un juez federal de Luisiana anuló una regla de 2023 de la administración Biden, la cual obligaba a los agricultores a pagar salarios aún más altos a empleados que realizaban tareas específicas, como conducir un camión.
Grupos de agricultores sostienen que basar los salarios en la encuesta del USDA ha provocado aumentos insostenibles en los costos laborales. Argumentan que la ley no obliga al Departamento de Trabajo a usar esta encuesta, sino a garantizar que la contratación de trabajadores H-2A “no afecte negativamente los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores en los Estados Unidos con empleos similares”.
Expertos como Philip Martin, especialista en mano de obra agrícola de la Universidad de California, Davis, señalan que no es la primera vez que el USDA intenta cancelar la encuesta y que, en ocasiones anteriores, los tribunales han ordenado su reanudación. Se anticipa que esta decisión podría enfrentar nuevos desafíos legales.
Por su parte, el Consejo Nacional de Empleadores Agrícolas (NCAE) ha solicitado formalmente al Departamento de Trabajo que descarte por completo la FLS. En su petición, argumentan que las tasas salariales actuales dificultan la competencia de las granjas estadounidenses frente a la producción extranjera, afirmando que al “expandir falazmente los salarios”, el gobierno inclina la balanza a favor de la competencia externa.
